Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor de un tercio de los alimentos producidos a nivel global se desperdician, lo que no solo implica una pérdida económica sino también un derroche de recursos naturales y energía. En este contexto, España ha dado un paso adelante con la promulgación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, que establece un marco normativo integral para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena agroalimentaria.
¿Qué busca la nueva ley?
El principal objetivo de esta nueva ley es crear una estructura normativa que permita reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos desde la producción hasta el consumo. Esta medida se alinea con los compromisos internacionales establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que incluyen la meta de reducir a la mitad el desperdicio alimentario per cápita global para 2030.
La ley busca transformar el sistema alimentario español, incorporando criterios de sostenibilidad, eficiencia y solidaridad. En este sentido, se promoverá una bioeconomía circular, donde los alimentos no comercializados puedan ser donados o redistribuidos entre aquellos sectores de la sociedad que más lo necesitan, como las organizaciones benéficas y de ayuda social.
Estructura y principios rectores
La Ley 1/2025 está compuesta por 23 artículos distribuidos en seis capítulos que cubren diversas áreas clave para la implementación efectiva de la estrategia. Los principios rectores de la ley incluyen el uso eficiente de los recursos, el fomento de la donación de alimentos, la trazabilidad de los productos alimentarios y la colaboración activa entre todos los agentes de la sociedad, incluidas las administraciones públicas, las empresas, el tercer sector y los ciudadanos.
Un aspecto relevante de la ley es la jerarquización de las acciones para la gestión de los desperdicios, priorizando la prevención y la reducción en todas las fases de la cadena agroalimentaria. Esto incluye desde la producción agrícola hasta el consumo en los hogares y la hostelería.
Estrategias de actuación
El gobierno establecerá varias estrategias para reducir el desperdicio alimentario. Una de las más importantes es la medición y cuantificación de los residuos alimentarios, que se basará en metodologías europeas. Para ello, las empresas deberán implementar sistemas para calcular la cantidad de alimentos desperdiciados, lo que permitirá tomar medidas más efectivas.
Además, se contempla el apoyo económico a las entidades sociales encargadas de la redistribución de alimentos y la creación de campañas de sensibilización. Estas iniciativas estarán dirigidas tanto a los agentes del sistema alimentario como a los consumidores, con el fin de concienciar sobre la importancia de evitar el desperdicio en el hogar y en los establecimientos comerciales.
Régimen sancionador
La ley también establece un régimen sancionador para aquellas empresas o entidades que no cumplan con las nuevas normativas. Las infracciones se clasifican en tres categorías: leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden oscilar entre los 2.000 y los 500.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Las sanciones graves pueden incluir no solo la multa económica, sino también la obligación de implementar medidas correctivas y planes de mejora en los procesos de gestión de residuos alimentarios. El régimen sancionador se establece con plazos de prescripción que varían según la gravedad de la infracción.
¿Qué implicaciones tiene para el sector privado?
Para las empresas del sector agroalimentario, la nueva ley implica la necesidad de revisar y ajustar sus procesos de producción, distribución y venta de alimentos. Las empresas deberán implementar medidas para minimizar el desperdicio, como la mejora de las técnicas de almacenamiento, la optimización de la producción y la implementación de sistemas de trazabilidad para asegurar que los productos se redistribuyan o donen de manera eficiente.
En el sector de la hostelería y restauración, también se introducen medidas para la reducción del desperdicio, como la obligación de ofrecer opciones de donación de alimentos sobrantes y la implementación de prácticas de ahorro alimentario en la preparación de menús.
El impacto social y económico de la ley
Una de las mayores ventajas de esta ley es su impacto positivo en la sociedad. La redistribución de alimentos no comercializados puede mejorar la seguridad alimentaria de muchas personas que viven en situación de vulnerabilidad económica. Además, la ley contribuirá a un modelo de desarrollo más sostenible, alineado con los objetivos globales de lucha contra el cambio climático.
Desde una perspectiva económica, la ley también puede generar nuevas oportunidades de negocio en torno a la gestión eficiente de los recursos y la redistribución de alimentos, fomentando la innovación en la industria alimentaria.