Recibir una comisión bancaria por impago es algo habitual en préstamos, pólizas de crédito, hipotecas y otros productos financieros.
La operativa suele ser sencilla: llega el vencimiento, no existe saldo suficiente o la cuota no se paga, y automáticamente aparece un cargo adicional con conceptos como:
- Comisión por reclamación de posiciones deudoras.
- Gastos de reclamación.
- Comisión por descubierto.
- Gestión de impagados.
- Reclamación de cuota vencida.
Durante mucho tiempo muchos clientes han dado por hecho que esos cargos eran válidos simplemente porque aparecían recogidos en el contrato.
Pero que una comisión esté escrita no significa que pueda cobrarse siempre.
El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre esta cuestión en su Sentencia 429/2026, de 18 de marzo, y lo ha hecho introduciendo una precisión especialmente relevante para empresas, autónomos y profesionales: las reglas que exigen que una comisión bancaria responda a un servicio real no protegen únicamente a consumidores. También pueden proteger a clientes empresariales que no tengan esa condición.
La consecuencia es importante.
Un banco no puede convertir cada impago en una comisión automática si no puede justificar qué servicio concreto prestó y qué gasto real produjo.
El caso analizado por el Tribunal Supremo
El litigio giraba alrededor de unas cláusulas que establecían comisiones por reclamación de posiciones deudoras dentro de un préstamo hipotecario.
Los prestatarios no tenían condición de consumidores.
Este detalle era importante porque la defensa no podía apoyarse directamente en el régimen clásico de cláusulas abusivas de consumidores.
Sin embargo, el Tribunal Supremo entendió que eso no dejaba a los clientes sin protección.
La Sala Primera concluyó que las cláusulas incumplían la normativa sectorial bancaria que regula el cobro de comisiones y declaró que esa regulación también protege a clientes que actúan en el ámbito profesional o empresarial.
Una empresa también es cliente bancario
Esta es probablemente la idea más relevante de la sentencia.
Muchas reclamaciones bancarias se plantean como si existieran dos mundos completamente separados:
- Consumidores protegidos.
- Empresas que tienen que aceptar todo lo firmado.
La sentencia demuestra que esa visión es demasiado simple.
Aunque una empresa no pueda invocar todas las normas específicas de protección de consumidores, sigue existiendo normativa bancaria que regula cómo pueden comportarse las entidades frente a su clientela.
La Ley 10/2014 exige a las entidades actuar de forma honesta, imparcial, transparente y profesional frente a los clientes. Además, la normativa permite cobrar comisiones únicamente cuando correspondan a servicios efectivamente prestados o gastos reales que puedan acreditarse.
Qué dice la normativa sobre las comisiones
La Orden EHA/2899/2011 recoge una regla muy sencilla:
Las comisiones se fijan libremente entre banco y cliente, pero solo pueden cobrarse cuando correspondan a servicios:
- Solicitados en firme.
- O expresamente aceptados.
- Y efectivamente prestados.
También pueden repercutirse gastos reales que hayan existido.
Por tanto, firmar un contrato donde aparezca una comisión no da automáticamente carta blanca al banco.
Debe existir algo detrás.
El problema de las comisiones automáticas
Imaginemos un préstamo empresarial.
El día 5 vence una cuota.
No existe saldo suficiente.
Ese mismo día el sistema informático del banco carga automáticamente 35 euros por “reclamación de posiciones deudoras”.
La pregunta es:
¿Qué servicio ha prestado realmente el banco por esos 35 euros?
Si no existe:
- Carta.
- Llamada individualizada.
- Gestión concreta.
- Gastos acreditados.
- Actuación específica de recobro.
puede resultar difícil justificar que exista un servicio autónomo merecedor de esa comisión.
No basta con que haya un impago
La comisión no puede funcionar como una multa privada.
Los intereses de demora ya cumplen una función diferente: compensar las consecuencias económicas del retraso en el pago.
Una comisión bancaria debe responder a un servicio real o gasto.
Por eso, vincularla de manera automática a cualquier recibo impagado genera problemas.
El Tribunal Supremo señala en la sentencia de marzo que las cláusulas que establecen una comisión por cualquier impago, en los términos aplicados por la entidad, incumplen las reglas sectoriales sobre comisiones bancarias.
Comisión e intereses de demora no son lo mismo
Conviene separar ambos conceptos.
Intereses de demora
Se calculan normalmente sobre la cantidad vencida y el tiempo de retraso.
Comisión de reclamación
Pretende remunerar una gestión que el banco realiza para reclamar la deuda.
Esto significa que la entidad debe poder identificar esa gestión.
Si simplemente cobra un importe fijo cada vez que el ordenador detecta un impago, el concepto puede perder su justificación.
Un servicio debe ser real
La normativa actual exige que las comisiones correspondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos que puedan acreditarse.
Eso obliga a preguntarnos:
- ¿Hubo una actuación?
- ¿Quién la realizó?
- ¿Cuándo?
- ¿En qué consistió?
- ¿Generó un coste?
- ¿Se cobró una sola vez o varias?
- ¿Estaba prevista de forma clara?
No es suficiente utilizar una denominación genérica.
¿Una llamada telefónica permite cobrar cualquier cantidad?
Tampoco.
Que exista una actuación no significa automáticamente que cualquier importe sea correcto.
Hay que analizar:
- Condiciones contractuales.
- Servicio prestado.
- Importe.
- Posible duplicidad.
- Frecuencia.
- Normativa aplicable.
Una llamada automatizada o un SMS generado por el sistema pueden plantear dudas distintas a una gestión personal y acreditada.
El Supremo no protege solo a consumidores
Este es el cambio que convierte la sentencia en especialmente interesante para empresas.
El propio Tribunal Supremo afirma que negar esta protección a clientes que no sean consumidores los dejaría indebidamente fuera de una normativa sectorial que desde hace décadas regula el cobro de comisiones bancarias.
Eso significa que una sociedad mercantil puede estudiar determinados cargos aunque no pueda utilizar la legislación de consumidores.
Qué tipos de clientes pueden beneficiarse de esta doctrina
Puede ser relevante para:
- Autónomos.
- Sociedades limitadas.
- Sociedades anónimas.
- Profesionales.
- Comercios.
- Empresas familiares.
- Comunidades empresariales.
- Otros clientes bancarios no consumidores.
Naturalmente, cada contrato y cada comisión deben estudiarse por separado.
Qué documentación debemos revisar
Para valorar una reclamación conviene reunir:
- Contrato de préstamo.
- Póliza de crédito.
- Escritura hipotecaria.
- Condiciones generales.
- Extractos bancarios.
- Liquidaciones.
- Recibos.
- Comunicaciones del banco.
- Cartas de reclamación.
- Emails.
- SMS.
- Histórico de cargos.
El extracto es especialmente útil para detectar si la comisión se aplicaba de forma automática y repetitiva.
Un patrón repetido puede ser muy revelador
Supongamos que durante tres años aparecen:
- 35 euros cada vez que una cuota se retrasa.
- Siempre el mismo día.
- Siempre el mismo importe.
- Sin cartas individualizadas.
- Sin ninguna gestión diferenciada.
Ese patrón puede ayudar a cuestionar si existe verdaderamente un servicio individualizado detrás de cada cargo.
Puede reclamarse lo ya cobrado
Si una cláusula resulta inválida, puede plantearse la restitución de cantidades pagadas indebidamente conforme a las reglas aplicables.
La Sentencia 429/2026 se refiere precisamente a la nulidad de las cláusulas y conecta la falta de validez con los artículos 1255 y 1895 del Código Civil.
Pero antes de calcular una reclamación necesitamos identificar:
- Cuántas comisiones se cobraron.
- Durante qué periodo.
- En qué contratos.
- Qué actuaciones justificó el banco.
- Qué plazo resulta aplicable.
No todas las comisiones bancarias son ilegales
También debemos evitar el extremo contrario.
Los bancos pueden cobrar comisiones.
La normativa lo permite.
El problema aparece cuando falta alguno de los elementos necesarios.
Por ejemplo:
- No existe servicio.
- No fue solicitado o aceptado.
- No puede acreditarse el gasto.
- Se produce una duplicidad.
- Se aplica automáticamente sin gestión real.
Una comisión correctamente pactada y vinculada a un servicio real puede ser válida.
Cuidado con confundir esta comisión con el descubierto
Una cuenta en descubierto puede generar otras consecuencias.
No debemos mezclar automáticamente:
- Intereses.
- Comisión por descubierto.
- Comisión de reclamación.
- Gastos.
Cada concepto tiene su propia justificación y debe analizarse de manera independiente.
¿Qué ocurre si el contrato es antiguo?
La sentencia resuelta en 2026 analizaba normativa anterior aplicable por razones temporales.
Pero el Tribunal Supremo señala expresamente que el principio se mantiene también en la normativa posterior: la Orden EHA/2899/2011 y la Ley 10/2014 contienen igualmente reglas que condicionan el cobro de comisiones a servicios reales o gastos acreditables.
Por tanto, la cuestión no se limita a contratos antiguos.
Empresas: revisar pólizas de crédito
Este tema puede ser especialmente relevante para empresas que utilizan financiación circulante.
En una póliza pueden aparecer durante años pequeños cargos por:
- Excesos.
- Impagos.
- Reclamaciones.
- Renovaciones.
- Administración.
Individualmente parecen poco relevantes.
Acumulados durante años pueden representar cantidades considerables.
Un cargo de 30 euros puede terminar en miles
Imaginemos una empresa que durante cinco años tiene numerosas cuotas, liquidaciones o vencimientos.
Si cada incidencia genera automáticamente una comisión de 30 o 40 euros, el importe acumulado puede ser muy superior a lo que parece al revisar un único extracto.
Por eso conviene analizar periodos completos.
Qué hacer antes de reclamar
Primero: identificar el concepto
No todas las comisiones son iguales.
Segundo: localizar la cláusula
Hay que leer cómo está redactada.
Tercero: buscar las gestiones
Comprobar qué hizo realmente el banco.
Cuarto: cuantificar
Sumar todos los cargos.
Quinto: revisar plazos
Antes de reclamar debemos estudiar la prescripción correspondiente.
Sexto: reclamar formalmente
Conviene dejar constancia documental.
La reclamación al banco
Normalmente puede iniciarse mediante una reclamación dirigida al servicio de atención al cliente de la entidad.
El escrito debería identificar:
- Contrato.
- Cuenta.
- Cláusula.
- Comisiones.
- Fechas.
- Importe.
- Fundamento de la reclamación.
- Cantidad cuya devolución se solicita.
Es preferible una reclamación precisa a un escrito genérico diciendo simplemente “me habéis cobrado comisiones ilegales”.
Qué pasa si el banco responde que estaba firmado
La firma es relevante.
Pero no resuelve todo.
La regulación bancaria limita el contenido que las partes pueden pactar en determinados ámbitos.
El artículo 1255 del Código Civil permite la libertad contractual dentro de los límites de la ley.
Por eso una cláusula pactada puede resultar inválida si contradice normas de obligado cumplimiento.
Ese razonamiento está precisamente detrás de la sentencia del Supremo.
El banco debe poder explicar qué cobró
Una empresa también tiene derecho a conocer los conceptos incluidos en sus liquidaciones.
La normativa de transparencia exige que la información sobre comisiones permita identificar el concepto, la base y el periodo de devengo, de forma que el cliente pueda comprobar el coste del servicio.
Esto refuerza una idea sencilla:
Una comisión no debería ser una cifra misteriosa en el extracto.
Negociar comisiones futuras
La revisión no sirve únicamente para reclamar el pasado.
También puede utilizarse para renegociar:
- Financiación.
- Pólizas.
- Líneas de crédito.
- Condiciones de cuenta.
- Servicios accesorios.
Cuando una empresa conoce qué está pagando, negocia mejor.
Errores frecuentes
Pensar que una empresa no puede reclamar
La sentencia demuestra lo contrario en este ámbito.
Creer que todo lo firmado es válido
La libertad contractual tiene límites.
Confundir comisión con sanción
Una comisión debe remunerar un servicio o gasto real.
Mirar solo el último recibo
Conviene revisar el histórico.
No guardar comunicaciones
Pueden demostrar qué gestión realizó realmente el banco.
Reclamar sin cuantificar
Es mejor presentar fechas e importes exactos.
Qué ha cambiado realmente con la sentencia de 2026
La doctrina anterior ya había cuestionado determinadas comisiones de reclamación en contratos con consumidores.
La importancia de la Sentencia 429/2026 está en que el Tribunal Supremo reconoce que la normativa sectorial bancaria puede servir también para invalidar estas cláusulas cuando el cliente no es consumidor.
Este matiz amplía enormemente el interés práctico de la cuestión para el tejido empresarial.
Una revisión especialmente útil para pymes
Las grandes empresas suelen negociar sus condiciones bancarias con departamentos financieros especializados.
Las pymes no siempre.
Muchas aceptan contratos estándar y revisan únicamente:
- Tipo de interés.
- Cuota.
- Plazo.
Las comisiones secundarias pasan desapercibidas.
Pero un contrato bancario debe analizarse completo.
Conclusión
El Tribunal Supremo ha confirmado en 2026 que una comisión bancaria por reclamación de posiciones deudoras no se convierte en válida únicamente porque aparezca firmada en un contrato.
Para poder cobrar comisiones, la normativa bancaria exige que respondan a servicios solicitados o aceptados y efectivamente prestados, o a gastos reales que puedan acreditarse.
La Sentencia 429/2026 añade un elemento especialmente relevante: esta protección sectorial también puede aplicarse cuando el prestatario no tiene la condición de consumidor. Una empresa o profesional no queda automáticamente fuera de toda protección frente al cobro de comisiones bancarias injustificadas.
Por eso, si en los extractos aparecen cargos recurrentes por “reclamación de posiciones deudoras”, “gestión de impagados” o conceptos semejantes, conviene revisar:
qué decía el contrato, qué hizo realmente el banco y cuánto se ha pagado.
Porque una comisión de 30 euros puede parecer pequeña.
Hasta que descubrimos que lleva años cobrándose automáticamente.