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Protocolo para la Igualdad Real y Efectiva del Colectivo LGTBI: Cumplimiento y Consecuencias Legales

La entrada en vigor el pasado 2-3-2024 de la Ley 4/2023 ha marcado un hito en la lucha por la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI en el ámbito laboral. Esta ley establece una obligación para las empresas con más de 50 trabajadores: la implementación de un conjunto planificado de medidas y recursos destinados a promover la igualdad de las personas LGTBI dentro de la organización.

Protocolo de Actuación contra el Acoso y la Violencia

Una de las principales exigencias de esta ley es la creación de un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra el colectivo LGTBI. Este protocolo debe ser elaborado de manera cuidadosa y detallada, contemplando medidas preventivas, procedimientos de actuación ante situaciones de acoso o violencia, y recursos de apoyo para las personas afectadas. Además, debe ser ampliamente difundido y conocido por todos los trabajadores de la empresa.

Diferencia con el Plan de Igualdad

Es importante destacar que esta obligación es independiente del requisito establecido por la Ley Orgánica 3/2007, que exige a las empresas de 50 o más trabajadores la elaboración de un plan de igualdad. Mientras que el plan de igualdad aborda la igualdad de género en general, el protocolo para la igualdad LGTBI se centra específicamente en las necesidades y realidades del colectivo LGTBI.

Régimen de Infracciones y Sanciones

La Ley 4/2023 también contempla un régimen de infracciones y sanciones para garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas en materia de igualdad de trato y no discriminación hacia las personas LGTBI. En el ámbito social, se aplica el régimen regulado por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que ha sido modificado para incluir sanciones por conductas discriminatorias y acoso relacionadas con la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales.

Consecuencias Legales por Incumplimiento

Las conductas discriminatorias y el acoso por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales se consideran infracciones muy graves, con multas que oscilan entre los 7.501 y los 225.018 euros. Esto significa que las empresas que no cumplan con la obligación de implementar el protocolo para la igualdad LGTBI y no actúen de manera adecuada frente al acoso o la violencia podrían enfrentarse a sanciones económicas significativas.

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